El Día Internacional de la no violencia contra la mujer fue declarado a partir del Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrado en Bogotá, Colombia, en 1981. En ese entonces las mujeres denunciaron la violencia de género a nivel doméstico, violación y acoso sexual, incluyendo la tortura y abusos sufridos por las prisioneras políticas.
La fecha, el 25 de noviembre, fue elegida para conmemorar el violento asesinato en 1960 de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, quienes resistieron al régimen del dictador Rafael Leonida Trujillo. Los ejecutores de las homenajeadas pertenecían a la policía secreta de República Dominicana. Desde 1999 tiene reconocimiento oficial de la ONU.
La violencia de género cobra visibilidad, las víctimas tienen más posibilidades, la sociedad empieza a concientizarse y a comprometerse con el tema. El Estado va adecuándose a sus tiempos.
Entre múltiples emprendimientos para abordar el tema, el de las estadísticas es una de las deudas que se tiene para con las mujeres. Hasta el momento la contabilización de los casos se superpone entre organismos públicos y privados, siendo los más creíbles aquellos que son llevados por las organizaciones no gubernamentales que militan en la temática. Pero a partir del 1º de enero de 2013, comenzará a entrar en vigencia el Registro Único de Violencia contra la Mujer, en el que se centralizará toda la información de las denuncias que existan en el país. Con esa medida el Estado cumple con la obligación establecida por la ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, la que se sancionó en 2009.
Hasta el momento, el Estado decide sus políticas de género observando las denuncias en la justicia, las comisarías de la mujer y en las Oficinas de Violencia Doméstica. Ahora será el INDEC quien recibirá los informes de todas las provincias con el fin de construir un perfil de las víctimas, como también el tipo de violencia que sufren y los datos del agresor, información que ya se tiene, aunque no unificada.
Los adelantos legislativos están presentes, los organismos también. Aún queda aceitar los mecanismos de funcionamiento de esos elementos, entre ellos evitar que se revictimice a las mujeres que realicen las denuncias. Por ello, la justicia y la política, promocionan el cumplimiento explícito de los derechos asegurados en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en particular entre las autoridades judiciales y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ya que persisten los estereotipos de género imperantes en el sistema de justicia y su desconocimiento de la discriminación por motivos de sexo y de género, así como de la violencia contra la mujer.
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